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| Imagen: Guayaquil Cannábico |
La primera
apertura del presidente ecuatoriano saliente, Rafael Correa, en política de
drogas mudó radicalmente con el reciente envio de un proyecto de ley que
criminaliza a las personas por tenencia, uso o consumo de sustancias
psicoactivas en espacios públicos con la mismas penas que los delitos de
tráfico de mínima escala. Una política que podría llevar a cientos de personas
a las prisiones.
En épocas
de campaña Electoral el progresismo en materia de drogas sufre reveses. Rafael
Correa Delgado, presidente del Ecuador, envío a la Asamblea legislativa de ese
país un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP),
él mismo que criminalizaría a las personas por tenencia, uso o consumo de
Sustancias Psico-Activas (SPA) en espacios públicos, con la mismas penas que
los delitos de tráfico de mínima escala.
El pasado
lunes 13 de Febrero, los avances políticos y legales, considerados
progresistas, en materia de drogas en Ecuador tomaron una vez más un giro
inesperado. A solo seis días de la primera vuelta electoral, el Ejecutivo
propone a la Asamblea Nacional incluír un inciso en el artículo 220 del COIP,
el mismo reza en cuanto a la tenencia para uso o cunsumo personal que “Tal
tenencia o posesión debe limitarse a la residencia del consumidor. No se podrá
alegar la no punibilidad de la tenencia o posesión de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en zonas donde se
encuentren centros educativos, lugares de trabajo, parques, centros religiosos
o lugares públicos similares. En tal caso se aplicará la sanciona aplicable a
la mínima escala”.
¿Es acaso el uso de
sustancias un ábmito que debe remitirce al encierro y la privacidad? Esta base
fundamental de la reforma estaría violentando el pricipio constitucional de la
no discriminación y criminalización por ser usuario de sustancias, además de
los derechos al uso y disfrute del espacio público para todos los ciudadanos,
esto sin contar con los derechos culturales y religiosos que también se podrían
argumentar. ¿Puede un Estado quitarte el derecho a la defensa o argumentación?
Tanto el artículo 11 de los Derechos Humanos, como el 76 de la constitución
ecuatoriana garantizan la presunción de inocencia y un debido proceso con las
garantías para una defensa adecuada. ¿Qué son lugares públicos similares? Este
tipo de conceptos demasiado generales se prestan para el abuso sobre los
usuarios en distintos niveles, la falta de claridades determina también la
falta de una correcta visión integral del fenómeno, por tanto si existen lugares
prohibidos también se deberían generar espacios o zonas de tolerancia o
permisividad. Es decir, los problemas por los que atraviesa el nuevo discurso
ecuatoriano no están en la oposición, sino en el entramado legal que el mismo
actual proceso ha creado.
Dicho de otra
manera, esta reforma no estaría en entredichos y una álgida discusión si
siguiera el cause natural de la política del gobierno ecuatoriano. Lo que
sorprende precisamente es el cambio drástico en el discurso y la práctica, en
la presentación pública y en la elaboración y ejecución de leyes, grises que
sin duda terminan eternizando los problemas en los usuarios de sustancias. El
mismo gobierno, bajo los mismos representantes ha logrado varios hitos en la
política de drogas, como el indulto a más de 2000 mulas del nacotráfico en
2008, la prohibición de criminalización del consumo en el artículo 354 de la
nueva Constitución, la explulsión de la Base Estadounidense en el puerto de
Manta en 2009, la tabla de Dosis máxima de consumo en 2013, la renuncia a
preferencias en el ATPDEA por lucha contra las drogas, las escalas y umbrales
de tráfico en 2014, la Ley de Regulación Integral en 2015 y el proyecto de Ley
de Cannabis Medicinal en 2016. Hoy por hoy ya es notorio que el cambio ha sido
drástico.
A partir de la
primera reforma al COIP en 2014, se creó una tabla de tráfico que genera
confusión y vicios legales con la tabla de dosis máxima de consumo, por
ejemplo, para estas dos tablas si una persona tiene entre 0 y 10 gr de
marihuana puede ser consumidor, pero también puede traficante de mínima escala,
el juez puede elegir. Esta reforma permitió además que se suban las penas y se
bajen las cantidades contempladas en la tabla de tráfico, pasando en el caso
del umbral de mínima escala de 0 a 300 gramos a la nueva marca de 0 a 20 gramos
y aunmentando la pena que iba de 2 a 6 meses a un nuevo rango entre 1 y 3 años.
La reducción de cantidades y el aumento de penas afectó también a mediana, alta
y gran escala. Pero eso no es todo, mediante reforma, a partir de 2015 existe
sumatoria de penas de hasta 40 años, por tipos de droga, es decir, un usuario
de varias sustancias pdría terminar con una pena superior a un gran empresario
de sustancias ilegales que pueda tener una hectarea de cultivo o una tonelada
de una sola sustancia.
La posibilidad de esta reforma ha
encontrado varias piedras en el camino, la primera son los marcos legales más
amplios que rigen a la política de drogas, tanto la universalidad de los
Derechos Humanos, como los marcos constitucionales del país no permitirían un
avance total de la propuesta. El segundo momento de estancamiento está en el
paso por la Asamblea legislativa, en donde varios asambleístas ya se han
pronunciado resistentes a la mano dura, mismos representantes que miran otras posibilidades,
es el caso de Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, quien cree
que se debe sacar el tema de lo penal para trasladarlo al tema de la Salud
Pública y la educación desde los niveles iniciales. Otra dificultad para esta
reforma es sin duda la sociedad civil, organizaciones como Ecuador Cannábico
han lanzado un pronunciamiento en contra de la propuesta, presentando una
alternativa y argumantando la posibilidad de violacin es que la
propuesta de ambos bandos, se a segunda vuelta electoral para presidentes, la
cuestinnud Pdes como la educación de derechos, inexistencia de
estudios adecuados, legislación inconsistente, falta de inclusión y
participación de los usuarios de SPA y sobre valoración de los poderes
económicos, políticos y morales en el país.
La actual coalición
gobernante cambió mucho su parecer con respecto a las drogas, primeramente,
porque la poca información que dieron sobre las políticas “progresistas” que
estaban implementando les quitó votantes. Una corriente de opinión conservadora
en política de drogas fue estimulada por todos los partidos de oposición que
comenzaron a atacar la tabla de dosis máxima de consumo, argumentando que esa
tabla había permitido que el consumo aumente de forma “alarmante” en el país.
También es tema de
discusión los compromisos adoptados con la firma de el Tratado de Libre
Comercio con la Unión Europea, algunos de ellos muy sensibles en temas de
medicina, alimentos, semillas, principios activos o investigación farmacéutica.
Mismos compromisos que perjudicarían al Ecuador en su autonomía, soberanía y
sobre todo en la competencia por los mercados relacionado a su capacidad de
producción. Es decir, quieren legalizar lo medicinal en casos muy específicos
pero vía creación de marcos legales que beneficien a las corporaciones
farmacéuticas transnacionales.
Un tercer cerco que
modificó el progresismo inicial en política de drogas es el policial. Todos
sabemos que desde hace tiempo tal institución ha sido cuestionada y es
cuestionable en sus relaciones con las sustancias sujetas a fiscalización o
prohibición.
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| Imagen: Guayaquil Cannábico |
Los planes de Lenin
Moreno, en ese sentido son similares, pues siguen la misma línea del partido
político que está en el poder, por lo tanto darían continuidad a los retrocesos
que estamos viviendo de forma más fuerte desde finales de 2015.
Ahora Ecuador se
encuentra a puertas de una segunda vuelta electoral para presidentes, están a
la espera de la elección entre el continuismo del actual partido que ya no se
presenta progresista, ratificando la mano dura y la guerra contra las drogas, y
la alternativa de la derecha financiera bancaria ultraconservadora, a ninguno
de los bandos les satisface la existencia de usuarios o consumidores de
sustancias y mucho menos que esos usuarios tengan voz. Solo cave cuestionar a
cualquiera de ellos sobre nociones básicas como la protección de derechos, la
presunción de inoccencia, el derecho al disfrute del espacio público o la no
discriminación.
Gabriel Buitrón A.
"StreetWriter"
Red Lanpud
Desde Quito,
Ecuador para El Ciudadano
Fuente: El Ciudadano
Fuente: El Ciudadano
