jueves, 18 de mayo de 2017

EL MOMENTO #SOCIALMEDIA DE INTERNET. Los cambios en el Marketing, los Mass Media y las Relaciones Humanas.





Cambia, todo cambia, también el internet y a su vez el internet, cuando llegó, transformó la comunicación, sus medios y mediaciones, transformó el marketing con la multimedia, nos transformó como sociedad, mucho más en Web 2.0 y las Redes Sociales o "Social Media".

Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarse; de los amigos contados con los dedos de una mano se ha pasado en muy poco tiempo a tener cientos, a los que la mayoría de las veces nunca se ha dado un abrazo. Estas estructuras de contacto acercan y alejan. Permiten comunicarse a cualquier hora del día con cualquier persona, aunque viva a una distancia kilométrica, pero también pueden aislar a las que están más cerca.



La conversión de Internet en la principal puerta de acceso al conocimiento, a la información y al entretenimiento despierta una enorme cascada de interrogantes sobre la función y el camino a seguir por los medios tradicionales, cuyos contenidos compiten con otros nuevos sistemas de información. A los medios tradicionales se les considera ejes centrales de la mediación social, de la difusión de información, de la propagación de conocimiento y del impulso democrático. Su trascendencia es incuestionable, hasta el punto de caracterizar lo que desde hace casi un siglo se denomina como sociedad mediática de masas. ¿La incorporación de las redes sociales, consideradas como nuevos medios, enriquece y mejora el menú mediático? De entrada, el nuevo escenario, mediático o postmediático, a pesar de su ampliación y apertura, no deja de provocar también otras muchas inquietudes e incertidumbres.

Los avances de las tecnologías de la información y de la comunicación han incorporado nuevas herramientas y formas de intermediación e interactividad que están reconfigurando el espacio mediático. Esas relaciones y redes sociales o profesionales establecidas y desarrolladas a través de Internet nos sitúan ante una nueva fase, que algunos califican como postmediática, de una sociedad de servicios aún mucho más acelerada y en la que la atención aparece más segmentada, personalizada, instantánea, diluida, convergente, transparente, flexible, liviana, conversacional, interconectada y abocada a la colaboración, participación y trivialización. Las relaciones de los públicos con los medios están cambiando: crece la fragmentación y se diluye la mediación.


La libertad de expresión constituye uno de los elementos fundamentales para la existencia de la democracia, y dentro de su conformación cobra especial preponderancia el derecho a la información, que comprende a su vez un conglomerado de derechos dentro de una doble vertiente: desde el punto de vista de la capacidad de emitir informaciones, así como desde la perspectiva del derecho de los ciudadanos a recibir información sobre los temas de su interés. Su importancia deviene, por lo demás, del hecho de que constituye un derecho que facilita el ejercicio de otros derechos. El advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones ha comportado cambios relevantes en las formas como las personas perciben y difunden informaciones, lo cual ha traído un particular punto de inflexión, con la masificación del uso de las redes sociales en Internet, hoy convertidas en una de los principales formas de vinculación, comunicación y lógicamente de información interpersonal.

La catedrática española, radicada en Ecuador, Palmira Chavero considera que si bien las redes sociales han roto el monopolio de los grandes medios convencionales, acercando a los ciudadanos al poder y tienen un innegable poder de movilización, sin embargo, el problema es identificar quienes están detrás de los rumores.

“Es innegable la idea del rumor, por supuesto: tú lanzas un rumor en redes sociales y el problema es que ahí queda. El problema con las redes sociales es identificar la veracidad de la información y quién está detrás. El día de hoy es muy fácil comprar seguidores en Twitter, eso también desvirtúa el poder de las redes sociales”, dijo.


La investigadora Esther Solano, catedrática de la Universidad de Sao Paulo, coincide en reconocer el factor de movilización de las redes sociales, pero señala que el carácter negativo de estas es la simplificación del debate político y su utilización como medio para difundir rumores.  “Todo el mundo difunde titulares sin saber si son verdad o si se tratan de rumores. La gente va compartiendo todo eso y no tiene tiempo para hacer una verdadera reflexión.

“Las redes sociales son guetos ideológicos, pues los amigos que tenemos allí suelen ser los que piensan parecido a nosotros. Así que en lugar de discutir e intercambiar ideas, te encuevas dentro de tus propias ideas y en el círculo de los que piensan igual que tú, y el debate no avanza. Cuando sí hay debate, viene cargado de odio. Aunque sean una plataforma política, las redes sociales desgraciadamente tienen esta característica: empobrecen las discusiones y las hacen muy polarizadas”, dijo Solano a la agencia pública brasileña EBC.

Valeria Puga, master en Ciencias Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, sostuvo que una de las características de las élites de la región es operar a través de los medios de comunicación y deslegitimar la variable del conflicto, necesario como una disputa política del pueblo frente a una historia de vejación.



Fuentes:





domingo, 26 de marzo de 2017

El presidente Rafael Correa y las drogas

Imagen: Guayaquil Cannábico

La primera apertura del presidente ecuatoriano saliente, Rafael Correa, en política de drogas mudó radicalmente con el reciente envio de un proyecto de ley que criminaliza a las personas por tenencia, uso o consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos con la mismas penas que los delitos de tráfico de mínima escala. Una política que podría llevar a cientos de personas a las prisiones.

En épocas de campaña Electoral el progresismo en materia de drogas sufre reveses. Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador, envío a la Asamblea legislativa de ese país un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), él mismo que criminalizaría a las personas por tenencia, uso o consumo de Sustancias Psico-Activas (SPA) en espacios públicos, con la mismas penas que los delitos de tráfico de mínima escala.

El pasado lunes 13 de Febrero, los avances políticos y legales, considerados progresistas, en materia de drogas en Ecuador tomaron una vez más un giro inesperado. A solo seis días de la primera vuelta electoral, el Ejecutivo propone a la Asamblea Nacional incluír un inciso en el artículo 220 del COIP, el mismo reza en cuanto a la tenencia para uso o cunsumo personal que “Tal tenencia o posesión debe limitarse a la residencia del consumidor. No se podrá alegar la no punibilidad de la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en zonas donde se encuentren centros educativos, lugares de trabajo, parques, centros religiosos o lugares públicos similares. En tal caso se aplicará la sanciona aplicable a la mínima escala”.

¿Es acaso el uso de sustancias un ábmito que debe remitirce al encierro y la privacidad? Esta base fundamental de la reforma estaría violentando el pricipio constitucional de la no discriminación y criminalización por ser usuario de sustancias, además de los derechos al uso y disfrute del espacio público para todos los ciudadanos, esto sin contar con los derechos culturales y religiosos que también se podrían argumentar. ¿Puede un Estado quitarte el derecho a la defensa o argumentación? Tanto el artículo 11 de los Derechos Humanos, como el 76 de la constitución ecuatoriana garantizan la presunción de inocencia y un debido proceso con las garantías para una defensa adecuada. ¿Qué son lugares públicos similares? Este tipo de conceptos demasiado generales se prestan para el abuso sobre los usuarios en distintos niveles, la falta de claridades determina también la falta de una correcta visión integral del fenómeno, por tanto si existen lugares prohibidos también se deberían generar espacios o zonas de tolerancia o permisividad. Es decir, los problemas por los que atraviesa el nuevo discurso ecuatoriano no están en la oposición, sino en el entramado legal que el mismo actual proceso ha creado.

Dicho de otra manera, esta reforma no estaría en entredichos y una álgida discusión si siguiera el cause natural de la política del gobierno ecuatoriano. Lo que sorprende precisamente es el cambio drástico en el discurso y la práctica, en la presentación pública y en la elaboración y ejecución de leyes, grises que sin duda terminan eternizando los problemas en los usuarios de sustancias. El mismo gobierno, bajo los mismos representantes ha logrado varios hitos en la política de drogas, como el indulto a más de 2000 mulas del nacotráfico en 2008, la prohibición de criminalización del consumo en el artículo 354 de la nueva Constitución, la explulsión de la Base Estadounidense en el puerto de Manta en 2009, la tabla de Dosis máxima de consumo en 2013, la renuncia a preferencias en el ATPDEA por lucha contra las drogas, las escalas y umbrales de tráfico en 2014, la Ley de Regulación Integral en 2015 y el proyecto de Ley de Cannabis Medicinal en 2016. Hoy por hoy ya es notorio que el cambio ha sido drástico.

A partir de la primera reforma al COIP en 2014, se creó una tabla de tráfico que genera confusión y vicios legales con la tabla de dosis máxima de consumo, por ejemplo, para estas dos tablas si una persona tiene entre 0 y 10 gr de marihuana puede ser consumidor, pero también puede traficante de mínima escala, el juez puede elegir. Esta reforma permitió además que se suban las penas y se bajen las cantidades contempladas en la tabla de tráfico, pasando en el caso del umbral de mínima escala de 0 a 300 gramos a la nueva marca de 0 a 20 gramos y aunmentando la pena que iba de 2 a 6 meses a un nuevo rango entre 1 y 3 años. La reducción de cantidades y el aumento de penas afectó también a mediana, alta y gran escala. Pero eso no es todo, mediante reforma, a partir de 2015 existe sumatoria de penas de hasta 40 años, por tipos de droga, es decir, un usuario de varias sustancias pdría terminar con una pena superior a un gran empresario de sustancias ilegales que pueda tener una hectarea de cultivo o una tonelada de una sola sustancia.

La posibilidad de esta reforma ha encontrado varias piedras en el camino, la primera son los marcos legales más amplios que rigen a la política de drogas, tanto la universalidad de los Derechos Humanos, como los marcos constitucionales del país no permitirían un avance total de la propuesta. El segundo momento de estancamiento está en el paso por la Asamblea legislativa, en donde varios asambleístas ya se han pronunciado resistentes a la mano dura, mismos representantes que miran otras posibilidades, es el caso de Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, quien cree que se debe sacar el tema de lo penal para trasladarlo al tema de la Salud Pública y la educación desde los niveles iniciales. Otra dificultad para esta reforma es sin duda la sociedad civil, organizaciones como Ecuador Cannábico han lanzado un pronunciamiento en contra de la propuesta, presentando una alternativa y argumantando la posibilidad de violacin es que la propuesta de ambos bandos, se a segunda vuelta electoral para presidentes, la cuestinnud Pdes como la educación de derechos, inexistencia de estudios adecuados, legislación inconsistente, falta de inclusión y participación de los usuarios de SPA y sobre valoración de los poderes económicos, políticos y morales en el país.

La actual coalición gobernante cambió mucho su parecer con respecto a las drogas, primeramente, porque la poca información que dieron sobre las políticas “progresistas” que estaban implementando les quitó votantes. Una corriente de opinión conservadora en política de drogas fue estimulada por todos los partidos de oposición que comenzaron a atacar la tabla de dosis máxima de consumo, argumentando que esa tabla había permitido que el consumo aumente de forma “alarmante” en el país.

También es tema de discusión los compromisos adoptados con la firma de el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, algunos de ellos muy sensibles en temas de medicina, alimentos, semillas, principios activos o investigación farmacéutica. Mismos compromisos que perjudicarían al Ecuador en su autonomía, soberanía y sobre todo en la competencia por los mercados relacionado a su capacidad de producción. Es decir, quieren legalizar lo medicinal en casos muy específicos pero vía creación de marcos legales que beneficien a las corporaciones farmacéuticas transnacionales.

Un tercer cerco que modificó el progresismo inicial en política de drogas es el policial. Todos sabemos que desde hace tiempo tal institución ha sido cuestionada y es cuestionable en sus relaciones con las sustancias sujetas a fiscalización o prohibición.

Imagen: Guayaquil Cannábico

Los planes de Lenin Moreno, en ese sentido son similares, pues siguen la misma línea del partido político que está en el poder, por lo tanto darían continuidad a los retrocesos que estamos viviendo de forma más fuerte desde finales de 2015.

Ahora Ecuador se encuentra a puertas de una segunda vuelta electoral para presidentes, están a la espera de la elección entre el continuismo del actual partido que ya no se presenta progresista, ratificando la mano dura y la guerra contra las drogas, y la alternativa de la derecha financiera bancaria ultraconservadora, a ninguno de los bandos les satisface la existencia de usuarios o consumidores de sustancias y mucho menos que esos usuarios tengan voz. Solo cave cuestionar a cualquiera de ellos sobre nociones básicas como la protección de derechos, la presunción de inoccencia, el derecho al disfrute del espacio público o la no discriminación.

Gabriel Buitrón A.
"StreetWriter"
Red Lanpud
Desde Quito, Ecuador para El Ciudadano

Fuente: El Ciudadano